El proyecto de ley del congresista Bruce para legalizar la unión civil no matrimonial entre personas del mismo sexo hace una apuesta valiente por el reconocimiento de los derechos civiles de las parejas homosexuales. De aprobarse, esta ley permitiría que dos personas del mismo sexo se unieran civilmente pasando a tener los derechos de parientes de primer grado, como por ejemplo, adquirir la nacionalidad peruana en el caso de ser extranjera alguna de las partes. Dicha norma reconocería también amplios derechos patrimoniales y sanitarios. Pero, lo más simbólico y lo que más molesta a los sectores homofóbicos, es que alteraría el estado civil de los contrayentes en el DNI. Aunque no lo haría en igualdad de condiciones con las parejas heterosexuales, ya que crearía un quinto estado civil correspondiente a los/as compañeros/as civiles, factor que puede interpretarse como un elemento discriminatorio.
La iniciativa de Bruce ha supuesto una verdadera provocación para los sectores que en estos momentos impulsan una auténtica “cruzada” contra los derechos de las personas no heterosexuales. Esta “Santa Alianza”, conformada por jerarquías católicas y evangélicas, dirigentes políticos de derecha y periodistas retrógrados, no ha dudado en utilizar todos los instrumentos a su alcance para obstaculizar no ya la aprobación, sino el propio debate parlamentario del “proyecto Bruce”: desde la convocatoria de marchas hasta la financiación de campañas publicitarias contra el reconocimiento legal de nuestros derechos.
Sin embargo, no debemos desviar nuestra atención. Probablemente la estrategia homofóbica más eficaz se encuentre como un “caballo de Troya” dentro del mismo Congreso, donde también se han registrado dos proyectos de ley que persiguen desvirtuar y minimizar los avances que contiene la propuesta de Bruce. Por un lado, la congresista de Fuerza Popular Martha Chávez, ha propuesto la figura de “sociedad solidaria”, acuerdo voluntario entre dos personas que origina derechos patrimoniales y sanitarios, pero sin alterar el estado civil ni la relación de parentesco de sus miembros. Por otro, el también congresista fujimorista, y pastor evangélico, Julio Rosas ha dado una vuelta de tuerca más proponiendo la figura de “atención mutua”, que únicamente reconoce limitados derechos patrimoniales. En cualquier caso, que no nos engañen: si la igualdad no es completa, no es igualdad real.
Actualmente el gobierno peruano abandera como uno de los mayores logros nacionales el crecimiento económico, aún con importantes deficiencias en la inclusión social y la distribución de la riqueza. Pero, el progreso de un país es mucho más que la mejora de sus datos macroeconómicos. Hay que recordar que en el Perú, cuyo Estado se ha negado a ratificar varias convenciones internacionales sobre derechos humanos por contemplar éstas la orientación sexual y la identidad de género como categorías de no discriminación, se han registrado en el último año 17 asesinatos y 2 suicidios de personas LGBT (según datos de Promsex y la Red Peruana TLGB).
Ante esta dura realidad, el silencio se convierte en cómplice de la homofobia y la transfobia. Se hace necesaria y urgente una respuesta firme y contundente por parte de los poderes públicos, porque en el Perú el reconocimiento de la diversidad no puede, ni debe, postergarse más. La igualdad no puede esperar.
Alberto Hidalgo Hermoso
Publicado en Diario16.